Discusión:Bien común

EL BIEN COMUN PRINCIPIO SOCIAL CRISTIANO

Aunque podemos tener una idea general de qué es la doctrina social cristiana , a menudo resulta más simple eliminar las nociones falsas comenzando con lo que no es. la doctrina social se enfrenta seriamente con las realidades y estructuras existentes, y los desafíos de la humanidad para buscar soluciones a las situaciones sociales, políticas y económicas, dignas de la dignidad humana, de manera que se cree un sano grado de tensión entre las realidades temporales que encontramos y el ideal del Evangelio. La doctrina social cristiana pertenece al marco de la teología y especialmente de la teología moral Es un conjunto de principios, criterios y directrices de acción, con el objeto de interpretar las realidades sociales, culturales, económicas y políticas, determinando su conformidad o inconformidad con las enseñanzas del Evangelio sobre la persona humana y su vocación terrenal y trascendente. Principios y valores fundamentales. La doctrina social adquiere sus principios básicos de la teología y la filosofía, con ayuda de las ciencias humanas y sociales que la complementan. Estos principios incluyen la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la participación, la propiedad privada, y el destino universal de los bienes. Los valores fundamentales incluyen la verdad, la libertad, la justicia, la caridad y la paz.

Directrices de acción: opiniones contingentes sobre acontecimientos históricos. Esto no es una deducción lógica y necesaria que surja de los principios, sino también el resultado de la experiencia pastoral de la Iglesia y de la percepción cristiana de la realidad; la opción preferencial por el pobre, el diálogo, y el respeto por la autonomía legítima de las realidades políticas, económicas y sociales. Ejemplo: sugerencias de condonación de la deuda internacional, reformas agrícolas, creación de cooperativas,El primer fundamento de la enseñanza social católica es el mandamiento de Jesús de amar: Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Éste es el fundamento de toda la moral cristiana y, por lo mismo, de la doctrina social de la Iglesia que es parte de esta moral. Jesús decía que el doble mandamiento del amor no es sólo el primero y más importante de todos los mandamientos, sino también el resumen o compendio de todas las leyes de Dios ,inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental” y “defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes La democracia-cristiana acepta como legítimo el sentimiento nacional y el patriotismo. Lo que no es aceptable para un demócrata-cristiano es el creer que no existen otras asociaciones diferentes que deben tomarse en cuenta dentro del contexto universal. Existe una comunidad de naciones que está unida por vínculos de solidaridad y de justicia social internacional. Para la democracia cristiana el desarrollo actual de la técnica, los problemas económicos y sociales no podrán resolverse si antes no se realiza un proceso de integración en un ente internacional o supra- nacional.

La democracia social cristiana considera igualmente el que las naciones deben integrarse en tres procesos diferentes: una integración económica, una social y cultural y, de ser posible, una integración política.

En esta forma, la democracia social cristiana concibe una descentralizada división de poderes, al mismo tiempo que defiende la existencia entre el individuo y el Estado, de otras sociedades cuyo regular funcionamiento garantiza la plenitud de una democracia orgánica. Estas sociedades son de dos tipos: Naturales unas y otras de Creación por la Ley y ambas cumplen una finalidad cuya trascendencia es para la Democracia Social Cristiana imponderable.

El pluralismo social y jurídico señala que cada uno de los cuerpos intermedios tiene un fin humano, propio de los mismos, que hay que respetar. En esta forma, el hombre con su libertad, forma la familia. Por ello, la democracia cristiana defiende, en primer lugar la integridad de la familia contra todos los intentos de disolución que le amenazan.

El reconocimiento de los cuerpos intermediarios entre los individuos y el Estado, que son las organizaciones profesionales, es una idea clave en la doctrina social cristiana. Ésta le reconoce ventajas inapreciables: se halla más próximo que el Estado a las verdaderas necesidades del hombre y respeta más la persona; procura y reparte mejor las iniciativas y las responsabilidades; en fin, descongestiona al Estado. Por ello, los documentos de esta doctrina social cristiana han dado siempre tanta importancia a la organización profesional, que descansa en tres elementos: el s., la corporación profesional y la existencia de un estatuto de derecho público, Principios cristianos que deben inspirar la política sindical. La idea central de la doctrina sindical cristiana que domina todos los pormenores de esta doctrina y le da su carácter moral, es la idea cristiana del hombre: criatura racional llamada a un fin personal sobrenatural, que ha de vivir en sociedad y utilizar los bienes materiales. Para alcanzar ese fin es muy útil y a veces indispensable la sociedad profesional organizada, que puede prestar grandes servicios a las otras sociedades (a la Iglesia, a la familia, a la nación), haciendo que la persona humana se desarrolle rectamente en el uso de aquellos medios convenientes y necesarios y que tenga fácil acceso a ellos. La organización sindical es una institución cuyo campo de acción es de orden económico-social, y, por tanto, en gran parte técnico, pero que, por referirse al hombre, está subordinado a la moral y la religión. Por eso, y como ya hemos apuntado, la acción sindical ha de estar orientada al bien común, inspirada por la justicia y la caridad, estructurada sobre la base del respeto a la persona y a la convivencia humana, etc. Con respecto, más concretamente, a la estructura sindical, lo vital del pensamiento orientador de la doctrina social cristiana se centra en cuatro principios fundamentales: el de representatividad, el de autonomía, el de participación y el de libertad de actuación. Sin una vigencia efectiva de estos cuatro principios no habría un auténtico sindicalismo que mereciera este nombre, y menos aún un sindicalismo inspirado en la doctrina social cristiana Bien Común es lo que preserva, asegura y propicia el desarrollo de los diversos bienes particulares, los cuales se ordenan con base en él. La realización del Bien Común simultáneamente implica la justicia, la seguridad, la defensa del interés general, el respeto y la protección de la persona y sus derechos. Sin embargo, el Bien Común tiene un límite. El Bien Común siendo inmanente o temporal no es limitado ni absoluto. La sociedad jamás puede exigirle al hombre el sacrificio de su personalidad, ni arrebatarle sus derechos naturales, ni pedirle que haga el mal, porque el Bien Común es algo moralmente bueno. Por ello, no debe confundirse con el llamado Bien Común del Estado que es uno de los elementos del Bien Común Separado como lo llama Maritain. Los derechos naturales de la persona han de merecer respeto por parte del Estado, el cual debe integrar, sin anular, ni eliminar, a todas las otras sociedades (intermedias entre el Estado y el individuo) y las iniciativas privadas que tiendan a favorecer la perfección de la persona humana. Si se actúa de otro modo, no puede ser alcanzado el Bien Común.

Bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que permiten que las asociaciones y cada uno de sus miembros alcancen de manera más fácil e íntegra la perfección que les corresponde. Jacques Maritain es sin duda, uno de los filósofos que ha ejercido mayor influencia en el pensamiento cristiano del mundo entero y en la mentalidad socialcristiana de América Latina. Los estudios tomistas deben a él y a Etienne Gilson principalmente, el espíritu de renovación que tanto ha significado en el mundo occidental.La preocupación del pensamiento maritainiano es aunar, reconocer, absorber, dentro de una concepción ecuménica capaz de permitir la búsqueda de las ovejas perdidas, la convivencia con los hermanos separados. Es una preocupación pastoral en la misma línea que un siglo antes en Roma, la Habana y otros lugares de América, habían tenido preocupaciones similares los Varela, los Díaz de Gamarra y tantos otros afiliados a tesis eclécticas o electivas. Vale decir selectivas. Sólo que en Maritain el propósito no es tanto alcanzar una síntesis sino un mosaico. No totalizar – de ahí su fobia a todo totalitarismo – sino particularizar, reconocer que la cordillera supone, por definición cumbres diversas. Su apelación a la analogía es continua. Su rechazo de la identificación es permanente. No hay luz sin sombras ni sombras sin luz. No cree posible ontologizar las antítesis, pero cree que deben coexistir en todo panorama.El fin de la sociedad política es perseguir el bien común. Pero este bien común no es la mera suma de los bienes particulares, pues, como Aristóteles nos enseña, “incluso en el orden matemático seis es algo más que tres más tres”. Es decir que el número seis tiene vigencia propia e independiente de los sumandos, e incluso puede ser resultado de otros diferentes. Y a su vez puede combinarse con entidad propia en la serie de los números en cifras de valor absoluto y relativo ad infinitum. El hombre del humanismo cristiano – dice Maritain – sabe que la vida política aspira a un bien común superior a una mera colección de bienes individuales… que la obra común debe tender, sobre todo, a mejorar la vida humana misma, a hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres libres y gocen de los frutos de la cultura y del espíritu… aprecia la libertad como algo que hay que ser merecedor; comprende la igualdad esencial que hay entre él y los otros hombres y la manifiesta en el respeto y en la fraternidad; y ve en la justicia la fuerza de conservación de la comunidad política y el requisito previo que llevando a los no iguales a la igualdad, “hace posible que nazca la fraternidad cívica…” Maritain cree que la democracia ha de ser más que una etiqueta, más que una mera forma, un verdadero estilo de vida, toda una concepción cultural del universo. Existe una democracia verbalista, demagógica, que decepciona a los pueblos que no se sienten representados por sus dirigentes. No se vive el propósito igualitario ni participativo. El pueblo no opina, ni decide aunque aparentemente vote. Sólo sufraga, es decir, paga los gastos de la burocracia estatal. Los partidos demócratas cristianos deben ser populares aunque no clasistas, pero mirar con honda simpatía a las clases más desvalidas de la comunidad política y promover su ascensión, no con sentido paternalista, sino para que sea sujeto de sus propias decisiones.”inspiración cristiana”, en buena parte por influencia maritainiana. Incluso al calificar de cristiana la democracia parece subrayarse esta idea. Dentro de las filas del propio social-cristianismo la cuestión del nombre ya ha sido muy debatida. Y de hecho algunos de estos grupos políticos han desechado la etiqueta por cuanto compromete y responsabiliza a los miembros en esta cuestión.Pero para Maritain, el éxito inmediato que alienta el maquiavelismo no es más que una ilusión. Puede ser que el mal y la injusticia triunfen de esa forma, pero solo para provecho de un hombre. Nunca de la sociedad. Ni es tampoco fruto duradero como corresponde al bien común. Más bien fuente de males. Mussolini escribió un prefacio para una edición de ‘El Príncipe’ cuando se creyó en el apogeo de su gloria. Veinte años más tarde vimos como toda aquella aparente exitosa irradiación del poder se volvía tensión, derrotismo y violenta caída en una nación destruida. Pero, aún así, hay que advertir que muchos de los éxitos de la Italia en ascenso fueron debidos también a factores que escapaban al mero maquiavelismo.

Para Maritain los grandes representantes del ‘maquiavelismo contemporáneo absoluto son el fascismo, el nazismo y el comunismo. Son los verdaderos maquiavelismos, los que devoran a ‘los otros más moderados o tolerables.

La conciencia moral no es suficiente si al mismo tiempo no implica una conciencia religiosa. Pero la política cristiana no es teocrática ni clerical ni es política de pseudodebilidad evangélica y de no resistencia al mal. Sus armas son la justicia real y concreta, la fuerza, la perspicacia y la prudencia. Ha de empuñar la espada, atributo del Estado, pero sabiendo que la paz es fruto no solo de la justicia sino del amor. Participar y Decidir el Bien Común en la Justicia y la Paz Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos; así conocerán la verdad y la verdad los hará libres LA BIBLIA (JUAN. 8, 31-32). La democracia es fundamentalmente un “ordenamiento”, y como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter “moral” no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve Hacia la consolidación de la Democracia La democracia participativa, con soberanía suficiente para negociar de tú a tú, con el resto de las naciones; anhela tener un gobierno que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos y tenga como prioridad el ejercicio de la justicia social; un gobierno que se conduzca haciendo valer el estado de derecho y que imparta justicia superando cualquier intento de corrupción; un gobierno que someta la delincuencia dentro de los cauces de la legalidad; nuestro Pueblo anhela un gobierno que se respete a sí mismo y gane la autoridad moral ante el pueblo por buscar primero y, ante todo, el bien común. Participación ciudadana Todo proceso electoral y democrático deberá desembocar en un proyecto al Servicio de la Nación, y no de los intereses de los Partidos y Grupos Políticos. Todo creyente tiene el deber inmediato e inexcusable de colaborar en favor de un orden justo en la sociedad, configurar rectamente la vida social y animar todas y cada una de las actividades políticas que le corresponda viviéndolas “como caridad social”. Debe hacer presente en nuestra cultura y, por tanto, en su vida cotidiana los valores universales de la dignidad de la persona humana, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda del bien común, el cuidado del medio ambiente, la verdad, la justicia, la libertad, el amor, la solidaridad, la tolerancia y la paz. Sin estos valores que, por cierto, tienen una profunda raigambre cristiana, nuestra sobrevivencia y convivencia estarán en peligro. Además de presentarse con voluntad de servir y no de beneficiarse del poder; deberán mostrar coherencia básica entre su conducta y los principios morales necesarios para desempeñar su misión. Confiamos que, de forma transparente e integral, los candidatos presentarán al electorado su proyecto de gobierno, basado en una valoración ética sobre el estilo de desarrollo y estableciendo los problemas que nuestra sociedad debe solucionar y los métodos para enfrentarlos.La conciencia cristiana bien formada ejerce el voto de modo que la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular sean coherentes con la fe y la moral y no dañen el bien de las personas y las instituciones. Frente a ambos aspectos, es necesaria una formación del criterio y una reflexión profunda, ya que ni en las elecciones ni en ningún otro aspecto de la vida pública, podemos prescindir de las exigencias éticas fundamentales e irrenunciables de la fe, pues “los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona” De esto surge también el perfil idóneo de quienes ocuparán la presidencia del país y las diferentes responsabilidades en los cuerpos legislativos. El análisis del currículum personal de los candidatos es a menudo un instrumento importante para llevar a cabo este discernimiento. El Bien Común es concreto, porque siempre es una realidad tangible, un medio organizado conforme a los mejores recursos del momento. El Estado tiene como misión cuidar directamente, mediante una amplia planificación y coordinación de la cooperación social, todas las necesidades existenciales de sus miembros, contando con una amplia gama de políticas públicas además de un amplio sistema de derechos humanos que protejan a las personas en todas las eventualidades de la vida, proporcionándoles la ayuda que necesitan. Los bienes y organizaciones de carácter público, sumados en armonía, son necesarios para que los individuos, como miembros de la colectividad, cumplan su destino temporal y eterno generando el mayor bien posible.

Es perfectible y dinámico, porque siempre es mejorable y parcialmente realizado, pero jamás perfectamente alcanzado. Al lograr metas, surgen de inmediato nuevos retos; trabajar y hacer política de bien común en Acción Nacional es tarea permanente. El Bien Común, como elemento fundamental de la estructura de toda comunidad, implica que gracias al don de la sana convivencia social fundamentada en la amistad, se genera cultura. La cultura es fruto de la acción del hombre, donde quiera que éste se encuentre en el mundo. La cultura humaniza, ya que es el conjunto de significados y valores que le dan sentido de pertenencia y destino a una comunidad. Los hombres y mujeres de todo grupo y nación deben tomar conciencia de que ellos son los autores y promotores de los valores culturales de su comunidad para que estos no decaigan.Sin efectivas garantías de los derechos fundamentales del ser humano, no cabe realización alguna del Bien Común, y sin democracia participativa decae el perfeccionamiento continuo de la comunidad en la búsqueda de su bien propio. La justicia social se promueve mediante la participación de todos en la definición, construcción, realización y disfrute del bien común; su definición en común es lo que constituye la democracia participativa.El Bien Común facilita el despliegue de la persona y el establecimiento de espacios culturales para el ser humano. La máxima expresión del mismo, es un orden social cooperativo y solidario en el que las personas vivan a plenitud el bien ser, el bien hacer y el bien estar, garantizando que las generaciones por venir también tengan acceso a estas posibilidades plenificadoras. el bien común nacional y universal exigen esa presencia inmediata y activa, que coopere a restaurar el sentido de unidad y hermandad en la convivencia y el equilibrio de valores que la misma crisis actual coloca en falsas oposiciones, tales como persona y sociedad, libertad y autoridad, trabajo y capital, justicia y libertad. Este deber cívico es también una obligación de testimonio y un mandato de caridad, que no se pueden cumplir suficientemente con la sola labor doctrinaria, pues su propia razón de ser está en su realización práctica. Ello significa la necesidad permanente de actuar en el terreno político, necesidad más justificada aún en nuestros tiempos y en nuestra Patria, en que la política en sentido amplio es el cauce natural para solucionar los problemas temporales de la comunidad. Estamos convencidos de la urgencia y posibilidad de instaurar una política nutrida ante todo en los valores espirituales, fundada en la buena voluntad cívica y vivificada por la libertad y la justicia; una política de unión en los fines supremos y de tolerancia en la diversidad de los medios honestos con terminante exclusión de la violencia; en fin, una política que merezca ser llamada ciencia, arte y virtud del bien común. Creemos igualmente que tal empresa sólo puede inspirarse y sostenerse en los principios sociales del cristianismo,

ABEL REYES TELLEZ PRESIDENTE NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTIANO NICARAGUENSE PSC. HISTORIADOR TEOLOGO CRISTIANO. TELFAX 505 22493460 EMAIL: PSCNICARAGUA@HOTMAIL.COM MANAGUA NICARAGUA.

--ABEL REYES TELLEZ 19:02 12 dic 2009 (PST)

LA POLITICA SOCIAL ,

La introducción conceptual de lo social, en la política, nos lleva casi que imperceptiblemente a plantearnos la pregunta ¿qué es lo que le da ese carácter social a la política social: ¿sus objetivos o sus formas de ejercicio o de práctica? Quizás esa interrogante compuesta o compleja puede resumirse en una fórmula aparentemente más simple: ¿cómo funciona lo social en la política social? Si la política social implica una intervención del Estado en lo social, es de presumir una alteración, una participación o una reacción de lo social frente a esas acciones o iniciativas de los poderes públicos. Tan importante puede ser analizar la justificación o la legitimación de esa intervención como la modificación real que esa intervención induce en lo social.

A pesar de que el concepto abarcador de lo social parece remitir al universo amplio de las condiciones de vida o de existencia de la población, el ámbito de la generación y del control de la política social se vuelve más bien un coto reservado e inaccesible en manos de técnicos y expertos que prodigan beneficios o desventuras, presentes o futuras, para diversos sectores de la población. Tal y como lo ha caracterizado Offe: “ámbito en el que casi nadie, salvo un pequeño grupo de especialistas en derecho laboral y de expertos académicos, haya sido capaz de dominar la vasta complejidad de los factores jurídicos, fiscales y económicos”

En otras palabras, el desarrollo de la política social implica no sólo una transferencia o entrega de bienes o de servicios a una población determinada, sino que contempla la posibilidad (y algunos añadirán : la conveniencia o incluso la necesidad) de una participación activa de esa población y no la mera pasividad provocada o producida por el acto de recibir esos bienes o esos servicios. La política social compromete en una u otra forma, con diverso grado de iniciativa y de intensidad, la acción del gobierno, sea a escala local o global. Si bien la política no se reduce a la actividad desplegada desde los poderes públicos, la realización de los fines generales que se propone la política social no pueden ser alcanzados sin la participación de los órganos correspondientes del Estado y sin hacer uso de los mecanismos y recursos que le son propios. Esto no implica necesariamente ninguna forma de estatolatría o sobrevaloración de los poderes o del ámbito del Estado: el grado o la modalidad de la intervención del Estado presenta múltiples variantes. Lo que reconoce es la presencia inevitable de esos poderes públicos en la orientación, regulación o desarrollo de esas políticas. Si la política es posibilidad de incidir en lo acontecido, en lo que acontece o en lo que podría ocurrir en la vida social de los ciudadanos, la política se distingue tanto de los determinismos como de aquello que puede aparecer como mero destino o simple inexorabilidad. Si bien es cierto las políticas pueden servir para consagrar o reforzar las situaciones constituidas, la acción política no tiene porque renunciar a la posibilidad precisamente de transformar o modificar aquello que aparece como dado. Como lo señalara con acierto Richard Titmuss en sus apuntes de clase del curso que estuvo a su cargo durante largos años en la London School of Economics, el vocablo política puede ser referido a “los principios que gobiernan la acción hacia determinados fines. El concepto denota acción sobre medios como sobre fines, por lo que implica cambio: al cambiar situaciones, sistemas, prácticas o comportamientos. Debemos notar aquí que el concepto de política solo tiene sentido si nosotros ( como sociedad, grupo u organización) creemos que podemos efectuar un cambio de una u otra forma. Si mediante la política social se pretende obtener determinados logros o resultados, esas prácticas o esas acciones estarían orientadas por ciertos fines o ciertos valores que trascenderían y justificarían, o al menos darían sentido, a esos resultados esperados y buscados. De acuerdo con la caracterización que hace Marshall de la política social, esos fines o valores no se verían realizados o satisfechos de manera automática o necesaria, a partir simplemente del libre juego de las fuerzas del mercado. La superación de la gran brecha que puede derivarse de las desigualdades sociales, la protección efectiva de los relegados o de los excluidos de los mercados laborales, la creación de oportunidades de educación o de salud, así como la determinación de los niveles de bienestar social, requeridos o anhelados no son fines enunciables ni realizables en el ámbito exclusivo de la actividad o del sistema económico. La política social remite así no sólo a fines individuales sino más bien a fines sociales: no se trata sólo de aquello que “el individuo no puede alcanzar en el mercado como individuo aislado”6, sino también del bienestar de otros individuos que han sido afectados en su situación económica o social. Qué grado y qué calidad de bienestar es posible o deseable alcanzar para sí mismo y para los demás, es precisamente uno de los objetos centrales tanto en la discusión como en el desarrollo de las políticas sociales, sean estas minimalistas o residualistas, sean estas ambiciosas o más agresivas. La determinación de las necesidades sociales, de las carencias que pueden o deben ser satisfechas gracias a la acción de la política social, es el quid de toda iniciativa o de toda acción en ese campo particular del quehacer político. El señalamiento de un mínimo o de un óptimo en lo que al bienestar social se refiere, es una tarea que está precisamente en el centro del debate y del desarrollo de lo que hoy es posible conceptualizar como política social 7. Mas aún, se trata de ver si las políticas sociales van a ser definidas o redefinidas como “una variable del crecimiento económico” o si van a mantener o precisar lo que constituiría “su anclaje político – la ciudadanía Lo societal se realiza por consiguiente a través de aparatos encargados de regular lo que en la sociedad acontece. Esas regulaciones tienen como fin el logro de un cierto orden en los procesos sociales y presentan el rasgo de la exterioridad en relación con las conductas de los individuos cuyo acatamiento reclaman. Los aparatos se perfilan en el universo social con fronteras institucionales más o menos precisas, en la medida en que tienden a la especialización de sus funciones y reclaman para ello un cierto grado de oficialización o de reconocimento público. Asimismo, el logro de sus funciones es analizable en términos cuantitativos, valga decir, mediante índices o mediante cifras.

El tema social es algo que tiene que estar en la agenda de cualquier gobierno (…) el presidente Saca levantó la bandera de lo social, pero en el camino como que se quedó en el discurso, porque se necesita dinero y el dinero sólo lo genera el sector productivo, eso hay que entenderlo”, exclamó Vidal.

La teoría de los valores actual ha dirigido sus debates e investigaciones en diversas direcciones, especialmente, los que se han dirigido al carácter absoluto y relativo de los valores. Es decir, los que han tomado como punto de partida para una Axiología la determinación de valor como algo reductible esencialmente a la valorización realizada por los portadores de valores, o como algo situado en una esfera metafísica independiente. Los que pueden calificarse de nominalistas éticos, (2) que consideran que el valor depende de los sentimientos de agrado y desagrado del hecho de ser o no ser deseados, de la subjetividad humana individual o colectiva. Y, los que consideran que lo único que hace el hombre frente al valor es reconocerlo como tal y aún considerar las cosas valiosas como cosas que participan.

El derecho que los ciudadanos pueden tener a ciertas condiciones y oportunidades como integrantes de una sociedad y al formar parte de una nación, no es algo dado, ni en forma invariable, ni en forma definitiva. Ese derecho no se presenta como algo evidente que no requiera justificación. Ha sido necesario, a lo largo de la historia, a través de la reflexión y como resultado de luchas y de negociaciones, ir clarificando y definiendo el contenido de esos derechos de ciudadanía social y su consiguiente fundamentación.

El establecimiento o la consolidación de esos derechos en la naciones europeas que participaron en las guerras mundiales, nos muestra un indicio importante que ha sido subrayado una vez más por Pierre Rosanvallon. Tanto en Francia como en Inglaterra, concluidas las grandes guerras, se explicitan y se consagran algunos de esos derechos a la seguridad y al bienestar social. No es para menos: si la patria reclama y exige a sus ciudadanos el arriesgar y el ofrendar sus vidas y haciendas para defenderla, la patria está asimismo obligada con quienes han perecido y con quienes han sobrevivido. La legitimación del Estado Providencia ha recurrido a esa justificación. Tanto Laurent Bonnevay en Francia, autor de la primera ley de la seguridad social, como William Beveridge, proponente protagónico de lo que iba a ser el Welfare State en Inglaterra, hicieron uso de esa argumentación 32. Las resonancias roussonianas contenidas en el concepto mismo de deuda social evocan, según Rosanvallon, la noción de la deuda sagrada que, de acuerdo con Rousseau, la sociedad mantendría con sus ciudadanos indigentes o menesterosos.

Esa deuda, sin embargo, tiene vigencia tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. En el contrato social implícito que legitima esa intervención, es preciso delimitar las desigualdades o las carencias que es necesario corregir o satisfacer. De ahí que los términos de ese contrato puedan ser redefinidos. De ahí que siempre exista un umbral de lo social y de lo humanamente intolerable. Rousseau formula de una brillante manera en El Contrato Social ese imperativo a la igualdad social en relación con las desigualdades que la dinámica produce y a menudo consagra: “nadie será lo suficientemente rico como para comprar a otro ni nadie tan pobre como para verse obligado a venderse”.

La fórmula roussoniana establece pues formalmente esos límites: al mismo tiempo que proscribe la miseria que puede conducir a la humillación, objeta la concentración de recursos que hace posible esa enajenación y señala implícitamente la conveniencia de la redistribución y de la compensación. Si bien las transferencias voluntarias y privadas pueden contribuir a la satisfacción de esas necesidades, “la justicia distributiva implica la intervención de una instancia pública

Ciertamente la generosidad no puede ser impuesta ni el altruismo puede ser prescrito. Pero como hay necesidad de una acción conjunta para hacer frente a la deuda social de la exclusión y de la injusta desigualdad, no habría porque contar con la sola iniciativa fruto de la generosidad o del altruismo. La desigualdad social es un fenómeno sociológico en la medida en que supone la percepción de diferencias por parte de los actores que integran un conjunto social determinado. Solo al compararse es posible determinar tanto las semejanzas como las diferencias que nos aproximan o nos distancian. Eso no implica ciertamente que la desigualdad se reduzca a un fenómeno exclusivamente perceptivo: la percepción de las diferencias puede estar anclada en una constatación de orden objetivo. Sin embargo, para que esas diferencias aparezcan definidas como injustas o intolerables y para que la intervención de los poderes públicos puede aparecer como una acción pertinente, conveniente o necesaria, es preciso que la situación sea percibida como transformable y que la acción de los órganos estatales resulte eventualmente efectiva y claramente justificada. Como lo han señalado Fitoussi y Rosanvallon: “La distancia cada vez más grande entre el lenguaje del cambio y la reforma y la realidad de la inmovilidad es una de las fuentes fundamentales de la decepción política”Si mediante la política social se pretende obtener determinados logros o resultados, esas prácticas o esas acciones estarían orientadas por ciertos fines o ciertos valores que trascenderían y justificarían, o al menos darían sentido, a esos resultados esperados y buscados. De acuerdo con la caracterización que hace Marshall de la política social, esos fines o valores no se verían realizados o satisfechos de manera automática o necesaria, a partir simplemente del libre juego de las fuerzas del mercado. La superación de la gran brecha que puede derivarse de las desigualdades sociales, la protección efectiva de los relegados o de los excluidos de los mercados laborales, la creación de oportunidades de educación o de salud, así como la determinación de los niveles de bienestar social, requeridos o anhelados no son fines enunciables ni realizables en el ámbito exclusivo de la actividad o del sistema económico. La política social remite así no sólo a fines individuales sino más bien a fines sociales: no se trata sólo de aquello que “el individuo no puede alcanzar en el mercado como individuo aislado”6, sino también del bienestar de otros individuos que han sido afectados en su situación económica o social. Qué grado y qué calidad de bienestar es posible o deseable alcanzar para sí mismo y para los demás, es precisamente uno de los objetos centrales tanto en la discusión como en el desarrollo de las políticas sociales, sean estas minimalistas o residualistas, sean estas ambiciosas o más agresivas. La determinación de las necesidades sociales, de las carencias que pueden o deben ser satisfechas gracias a la acción de la política social, es el quid de toda iniciativa o de toda acción en ese campo particular del quehacer político. El señalamiento de un mínimo o de un óptimo en lo que al bienestar social se refiere, es una tarea que está precisamente en el centro del debate y del desarrollo de lo que hoy es posible conceptualizar como política social 7. Mas aún, se trata de ver si las políticas sociales van a ser definidas o redefinidas como “una variable del crecimiento económico” o si van a mantener o precisar lo que constituiría “su anclaje político – la ciudadanía

Lo social -la superación de la pobreza es visto por las izquierdas como una meta moralmente justa. Los neoliberales ven la pobreza como algo que debe ser compensado pero que es inevitable si se quiere crecimiento económico. Ni unos ni otros logran superar el divorcio entre la economía y lo social. Superarlo es el reto de nuestro mundo.

En la Cumbre se discutirán temas centrales: la pobreza, el desempleo y el subempleo y la integración social. O sea, la participación de todos en el desarrollo y en sus beneficios. Aunque los documentos preparatorios de la Cumbre que deberán ser aprobados por los representantes de todos los países participantes insisten en afirmar que el desarrollo humano y el crecimiento económico no deben verse por separado, es obvio que los temas centrales del crecimiento en los países pobres o de medianos ingresos la deuda externa, los programas de ajuste estructural y las políticas macroeconómicas, la cooperación económica internacional, la organización mundial del comercio y el papel de las instituciones financieras multilaterales, por mencionar sólo los principales seguirán siendo objeto de una visión “separada”, de un tratamiento distinto. La mayoría de los economistas y de los políticos que ponen sus recetas en práctica y muchos de los defensores de la dimensión social del desarrollo no han superado la separación entre la economía y lo social.

En la Cumbre de Copenhage se enfrentan la posición de los organismos financieros internacionales obnubilados por el crecimiento económico y la de las Naciones Unidas, que hizo del desarrollo social su bandera. La separación entre la economía y lo social puede reflejarse en Copenhague al más alto nivel de las instituciones internacionales.

La superación de esta separación que tiene raíces profundas en el pensamiento económico y en la práctica social encuentra serias barreras, conceptuales, institucionales y políticas. Y el problema debe enfrentarse integralmente. Ojalá pudiera evitarse, con contribuciones de este tipo, adecuadamente defendidas por los que tienen voz y votos en estas Cumbres, que éstas no sirvan, una vez más, para reforzar esta separación, pese a o gracias a la buena conciencia de los participantes.

Tampoco escapa a nadie que la miseria, el hambre y el desempleo, con su séquito de enfermedades, de crecimiento poblacional exponencial y de destrucción irreversible de los recursos naturales, aumentaron en las últimas décadas en los países “del Sur”, pese al crecimiento económico global, medido éste o por la producción o por el volumen de los intercambios. Aumentaron tanto que las variables sociales, que para nuestros economistas son sólo un “disfuncionamiento” inevitable, se están volviendo para los políticos un problema sociopolítico de primer orden, una amenaza real o velada, según los casos, a la gobernabilidad y a la perennización de las estructuras de poder establecidas.

En los países “del Norte” o países de altos ingresos, también clasificados como “países desarrollados”, no solamente se constata el crecimiento en las últimas décadas de un “Cuarto Mundo” de pobreza en parte producto de la emigración procedente del Sur , sino que se ha tomado conciencia de los límites de la filosofía socialdemócrata: una economía en crecimiento, obedeciendo exclusivamente a su racionalidad intrínseca, al servicio de un desarrollo social por la vía redistributiva, considerado como el costo necesario de la paz social garantizaría la eficacia de la economía. Se pretende ahora desmantelar los sistemas de protección social a duras penas conquistados, en nombre de la reducción del gasto y la contención de los desequilibros, sin tener ninguna prueba de que el crecimiento pueda reanudarse gracias a estas medidas.

Dejando de lado el problema lógico que plantea dada la irreversibilidad del tiempo real, el de la historia , la obtención de un estado que, para ser logrado, debería haber existido siempre, cabe llamar la atención sobre el irrealismo de presupuestos científicos que, pensando poder transformar la realidad por medio de un modelo, invierten el razonamiento científico y llegan a concluir que, suprimiendo todas las trabas que impiden a los agentes económicos comportarse como el individuo ideal de su modelo, todos los agentes económicos se transformarían en individuos ideales …¡y el bienestar de todos estaría garantizado!

La debilidad central de su argumento es que ellos los neoclásicos toman como unidad fundamental explicativa el individuo social, con sus preferencias innatas, como el átomo en la física, para explicar el sistema como suma de lo individual. Tratan de demostrar cómo el egoísmo social genera armonía social, mediante la mano invisible que crea un óptimo social. De allí derivan los “supuestos” de sus modelos”: que los agentes no inciden en la formación de los precios, que la demanda es infinita, que el Estado no debe intervenir, que el mercado se autorregula, etc., etc.

No escapa a nadie que la realidad no se comporta como en los modelos. Entonces, estos mismos economistas tratan de justificarse, alegando la insuficiencia y la timidez de la medidas tomadas: la luz está al final del túnel, el túnel es más largo de lo que parecía, y esto significa que debemos ir más rápido …¡y con más fe aún! Los políticos se ven obligados a seguir adelante y eventualmente a acelerar el paso, pues si de repente unos se dejan penetrar por la duda, siempre surge a su lado un contrincante más radical, con un discurso más seductor, listo para tomar su lugar.

Con imágenes que estimulan el egoísmo espontáneo y los reflejos de lucha por la sobrevivencia, los políticos liberales seducen a los electorados, a los que ya han convencido de que los sistemas de protección social son costosos e ineficientes, aunque no tienen nada que proponer para reemplazarlos mejorando el funcionamiento de lo que puede ser conservado en aras de una mejor cohesión social. Menos Estado y más libertad de empresa: ésta es la consigna vacía con la que ganan popularidad.

ABEL REYES TELLEZ PRESIDENTE NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTIANO NICARAGUENSE PSC. HISTORIADOR TEOLOGO CRISTIANO. TELFAX 505 22493460 EMAIL: PSCNICARAGUA@HOTMAIL.COM MANAGUA NICARAGUA.

--ABEL REYES TELLEZ 20:40 29 dic 2009 (PST)

ZcPLMDT

--ZcPLMDT 14:33 3 mar 2010 (PST)